Dr Hugo Óscar Ambrosi
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El Gobierno Nacional acaba de anunciar la fecha de realización del Censo Nacional de Población. Sin duda qué ese hecho alivia la sentida falta de información oportuna iy relevante, especialmente requerida por los efectos combinados de la pandemia y de la cuarentena.
Nuestro país no se ha caracterizado por la prolijidad en el cumplimiento del mandato constitucional de llevar a cabo el censo cada 10 años. Así el que debía hacerse en el año 1990 fue postergado hasta el año siguiente. En el año 2001 llegamos con atraso de un año también, aunque eso permitió respetar la periodicidad de censar cada 10 años. Qué sin embargo fue ignorada en la siguiente edición qué se llevó a cabo en el 2010, apenas 9 años después del anterior, en abierto conflicto con la Constitución.
La presente realización ha sido promocionada por las modificaciones metodológicas efectuadas. Puede resultar interesante el aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas disponibles actualmente, sin embargo esta nota no tiene como objeto detenerse en los pro y contra de los procedimientos elegidos, sino pretende llamar la atención sobre la incorporación de algunas preguntas que resultan fuertemente disruptivas y que no es posible evitarl calificarlas de amenazantes para la privacidad de las personas.
Especialmente una posee un gran potencial de daño a los derechos básicos protegidos por la constitución, que también ampara la misma ley de estadística según la cual se lleva a cabo el operativo bajo la tutela del secreto estadístico
Se trata de la pregunta número 23, del cuestionario de población, que pide el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Obviamente se considera a dicha información una variable de interés conceptual para incluirla en el formulario. Si nos detenemos un momento sobre los presuntos beneficios qué proporcionaría conocer el número de documento, en estos días en los que somos testigos del hackeo a una institución como el Senado de la Nación, sentimos una fuerte preocupación porque la riqueza de datos del censo que pueda ser accedida con nuestra identidad, con consecuencias y perjuicios desconocidos. El documento de identidad es una clave para numerosos registros cuyo cruzamientos serían de enorme valor comercial y de gran peligro para la intimidad.
Si a esa capacidad de combinarse y potenciarse se le suma la inclusión en la pregunta 24 del cuestionario de vivienda de un número de teléfono de contacto. Fijo o móvil. Según las manos de quien caiga puede ser una herramienta de utilidad comerciall o un arma muy peligrosa.
Para terminar conviene recordar que el censo ordenado por la Constitución tiene un propósito primordial: actualizar y ordenar el sistema representativo de gobierno de modo que los ciudadanos sean representados por un número proporcional igual a través del país.
Y con esta observación quiero terminar esta nota: esa función se desarrolló por última vez en ocasión del censo de 1980 ninguno de los otros merecio el tratamiento y aprobación legislativa de su resultado y la consecuente aplicación a los fines constitucionales. De manera que cabe preguntarse para que se hace el censo, con qué propósito se indaga en cuestiones racistas y otras violatorias de la intimidad. Acaso alguien piensa en que esas características sean de interés cívico. Y al mismo tiempo no sé respetan los plazos de ejecución del censo cuándo de el depende la representación justa y equitativa de la ciudadanía.
